El chollo del príncipe Andrés en Royal Lodge: más de 20 años sin pagar alquiler y derecho a quedarse hasta 2078
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Durante más de veinte años, el príncipe Andrés ha residido en Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones ubicada en la finca del castillo de Windsor por la que, según se acaba de revelar, no ha pagado una sola libra en concepto de alquiler.
El contrato de arrendamiento, firmado en 2003 tras la muerte de la madre de la reina Isabel II y revelado ahora por The Times, estipula que el duque solo debe abonar “un grano de pimienta (si se exige)” al año, una cláusula simbólica que ha reavivado el debate sobre los privilegios del polémico hermano del rey Carlos III.
El acuerdo, además, permitió a Andrés asegurar su residencia en Royal Lodge hasta 2078. De acuerdo con los documentos obtenidos por el citado medio, el príncipe pagó un millón de libras (1,17 millones de euros) por el derecho de arrendamiento y asumió al menos 7,5 millones de libras (8,78 millones de euros) en reformas en 2005. Desde entonces, el único pago anual exigido ha sido el simbólico “grano de pimienta”, lo que en la práctica ha significado que Andrés y su familia han habitado la propiedad sin desembolsar un alquiler real durante más de dos décadas.
Condiciones económicas y legalesEl acuerdo, gestionado por Crown Estate —la entidad responsable de administrar las propiedades de la Corona británica en beneficio del contribuyente—, incluye condiciones que refuerzan la posición del príncipe. Y es que, según la información publicada, si la Crown Estate decide rescindir el contrato antes de 2028, deberá compensar a Andrés con aproximadamente 558.000 libras (653.000 euros) por las inversiones realizadas en la residencia. Además, el contrato exige que el inquilino mantenga la propiedad en buen estado, repinte el edificio cada cinco años y permita inspecciones con previo aviso. La duración del arrendamiento, de 75 años, otorga a Andrés y su familia el derecho a permanecer en Royal Lodge hasta 2078, salvo que se produzca un incumplimiento de las condiciones estipuladas, como el impago del simbólico alquiler durante 21 días o la violación de otras cláusulas contractuales.
La Crown Estate decidió compartir una copia del contrato para responder a las crecientes demandas de transparencia, aunque algunos detalles, como el estado de conservación de la propiedad, permanecen sujetos a consideraciones de seguridad.
Reacciones políticas y socialesLa revelación de estos términos ha provocado una oleada de reacciones políticas y sociales en el Reino Unido. The Independent recoge las declaraciones de Dame Meg Hillier, presidenta del comité del Tesoro, quien subrayó la necesidad de transparencia en los acuerdos que involucran recursos públicos: “Donde fluye el dinero y, en particular, cuando están implicados los intereses de los contribuyentes, el Parlamento tiene la responsabilidad de arrojar luz sobre ello y necesitamos respuestas”. Por su parte, el secretario de Negocios, Peter Kyle, señaló que la gestión del contrato es competencia del rey Carlos III, aunque reconoció que el monarca ha actuado “de manera decisiva” en los asuntos que han llegado a su despacho.
El debate parlamentario se ha intensificado, con algunos diputados exigiendo que se revisen los privilegios de Andrés y se haga público el contrato de arrendamiento. Un grupo de parlamentarios del Partido Nacional Escocés (SNP) y de Plaid Cymru ha presentado una moción para que el Gobierno tome medidas legislativas que permitan retirar el ducado al príncipe. Mientras tanto, voces como la del exministro Norman Baker y el biógrafo real Andrew Lownie han insistido en la importancia de que se conozcan todos los detalles del acuerdo, dado que Royal Lodge es, en última instancia, una propiedad gestionada en beneficio del público.
El contexto de estos reclamos se ve agravado por los escándalos personales que han rodeado al príncipe Andrés en los últimos años. El duque anunció recientemente su renuncia al uso de todos sus títulos y honores reales, una decisión tomada tras conversaciones con el rey Carlos III y motivada por la convicción de que las acusaciones en su contra distraen del trabajo de la familia real.
Andrés ya se había apartado de la vida pública en 2019, tras la intensificación de las investigaciones sobre su relación con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales. Además, la publicación del libro póstumo de Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual cuando era menor de edad y con quien alcanzó un acuerdo extrajudicial millonario en 2022, ha renovado la presión mediática y política sobre el príncipe.
En este escenario, el rey Carlos III ha intentado persuadir a su hermano para que abandone Royal Lodge y se traslade a Frogmore Cottage, una residencia más modesta dentro del perímetro de seguridad de Windsor. Sin embargo, la solidez legal del contrato dificulta cualquier intento de desalojo. La excorresponsal real Jennie Bond explicó a la BBC que Andrés cuenta con un acuerdo “a prueba de balas” que complica los esfuerzos del monarca para que el duque abandone la mansión.