Regulación de reclutamiento y financiamiento de mercenarios colombianos: esto dice el proyecto de ley
En los últimos años, Colombia ha sido noticia internacional por la presencia de mercenarios cafeteros en varios conflictos internacionales, principalmente el que se registra en el oriente europeo...
En los últimos años, Colombia ha sido noticia internacional por la presencia de mercenarios cafeteros en varios conflictos internacionales, principalmente el que se registra en el oriente europeo entre Rusia y Ucrania.
Al respecto, se ha conocido que los colombianos reciben ofertas millonarias por misión completada en el exterior; sin embargo, en algunos casos han denunciado casos en los que son retenidos en estos lugares o reciben tratos inhumanos por parte de sus superiores.
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Es por ello que el Ministerio de Defensa y un grupo de congresistas, incluyendo a Alejandro Toro Ramírez, Álvaro Londoño Lugo y Jhon Jairo Berrío, están promoviendo un proyecto de ley con el que se busca prevenir el reclutamiento de mercenarios.
Al respecto, se ha indicado que en caso de ser aprobado, el proyecto permitirá que se tipifiquen delitos ligados a esta práctica, incluyendo la financiación de entrenamientos de exmilitares.
De la misma forma, que con esto se protegerá la imagen de las Fuerzas Militares ante el exterior y se facilitará la cooperación con otros estados para investigar casos de esta índole.
Los detalles del proyectoInfobae Colombia conoció el documento que será debatido en el Congreso de la República, que buscará la aprobación de la “convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.
En el texto se especifica que el objetivo principal del proyecto es incorporar al ordenamiento jurídico colombiano una serie de medidas orientadas a combatir el fenómeno del “mercenarismo”, entendido como la participación de personas nacionales en conflictos armados extranjeros de manera irregular.
De acuerdo con los datos expuestos por el Gobierno nacional, entre 2020 y 2025 se registró la participación de al menos 800 colombianos en conflictos fuera del país, aunque la cifra real podría superar los 3.000 casos.
En el texto se aclara la definición del término “mercenario”, que se articula sobre seis criterios acumulativos, cuyo cumplimiento es necesario para que una persona sea considerada como tal. Estas condiciones se diseñaron para prevenir la criminalización de actividades legales o de personas engañadas mediante ofertas fraudulentas.
Uno de los puntos centrales es la tipificación penal de conductas asociadas a la problemática que estás serían sancionadas, incluyendo la tentativa y la complicidad. En caso de que sea aprobado, el Estado colombiano deberá adaptar su código penal para considerar estos comportamientos como delitos, pero explícitamente se excluye de responsabilidad penal a quienes hayan sido víctimas de engaños o trata de personas.
El proyecto establece varias obligaciones estatales; se exige a los Estados tipificar las conductas prohibidas en sus legislaciones nacionales, establecer jurisdicción para juzgar a infractores y adoptar medidas de prevención frente al mercenarismo.
Las acciones preventivas deben observar estándares internacionales y de protección para los connacionales involucrados, resaltando que no se afectarán las actividades legales de empresas de vigilancia y seguridad privada.
El texto normativo incluye procedimientos para eventuales enmiendas o denuncias de la convención y regula la autenticidad de los idiomas del tratado y designa al depositario oficial.
Entre los argumentos presentados ante el congreso se destaca la necesidad de fortalecer la imagen de las Fuerzas Militares y debilitar las redes criminales que explotan a ciudadanos en el exterior.
En la parte final se indica que la aprobación de este proyecto de ley implica que Colombia se sumaría a los 41 Estados que han ratificado la convención, fortaleciendo su marco jurídico y cooperativo contra el mercenarismo y dando respuesta a una problemática transnacional que ha afectado la seguridad y la reputación nacional.
“El soldado verdadero no tiene precio. Sirve por deber, no por contrato. El mercenario vende su lealtad al mejor postor; el patriota la entrega solo a su bandera”, escribió el ministro Vargas en su cuenta de X sobre el proyecto.