El Gobierno pisa el freno: Ministerio de Hacienda analiza excluir la gasolina y los licores del nuevo ajuste tributario
La reforma tributaria del Gobierno colombiano vive un momento de redefinición. Lo que hace apenas unos meses se presentaba como una ambiciosa apuesta para incrementar el recaudo en más de $26 bil...
La reforma tributaria del Gobierno colombiano vive un momento de redefinición. Lo que hace apenas unos meses se presentaba como una ambiciosa apuesta para incrementar el recaudo en más de $26 billones, hoy se encamina hacia un diseño más moderado, más focalizado y con nuevas prioridades sociales.
El detonante fue la reducción del Presupuesto General de la Nación para 2026, que pasó de $556,9 billones a $546,9 billones luego de los primeros debates en el Congreso. Esa decisión, aparentemente técnica, obligó al Ministerio de Hacienda a revaluar la magnitud y el enfoque del proyecto tributario, rebajando la meta de ingresos a $16,3 billones, es decir, $10 billones menos de lo previsto inicialmente.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que la reducción presupuestal abrió un “espacio de reflexión muy importante” dentro del Gobierno. En entrevista con W Radio, explicó que este nuevo escenario exige revisar a fondo las bases de la llamada ley de financiamiento, tanto en su estructura como en su impacto social.
“Queremos mantener una reforma progresiva que no golpee la canasta familiar ni a los sectores de bajos ingresos”, afirmó Ávila, al señalar que el Ejecutivo no pretende cargar el peso del ajuste sobre los hogares más vulnerables. Según el funcionario, el proceso fue más que un ejercicio contable, representa una oportunidad para reorientar la política fiscal hacia criterios de equidad y sostenibilidad, buscando un equilibrio entre las necesidades de financiamiento y el bienestar ciudadano.
El rediseño de la reforma puso sobre la mesa decisiones difíciles. Entre ellas, la posibilidad de excluir incrementos impositivos en sectores considerados especialmente sensibles para la población. “Estamos analizando cuidadosamente casos como la gasolina, los licores y la cerveza”, precisó el ministro, recordando que esta última es un producto de “amplio consumo social” y que cualquier modificación tributaria sobre ella tendría un efecto inmediato en millones de hogares.
El recorte presupuestal de $10 billones tuvo implicaciones transversales. Ávila confirmó que el ajuste se aplicó “a prorrata” en todas las entidades del Estado, es decir, de manera proporcional. Sin embargo, aclaró que se hizo un esfuerzo especial por preservar los proyectos sociales, de infraestructura y de salud, considerados estratégicos para el último tramo del actual gobierno.
“Fue un ejercicio exigente, pero necesario”, comentó el ministro. “Tuvimos que reducir algunos gastos de funcionamiento y revisar inversiones, sin dejar por fuera las necesidades prioritarias del país”. Pese a los recortes, el funcionario aseguró que el nuevo presupuesto mantiene la capacidad del Gobierno para cumplir sus metas en materia social y económica, y destacó la disposición del Congreso para alcanzar un acuerdo que calificó como “razonable, ajustado y realista”.
El diálogo con el Legislativo ha sido, en palabras del ministro, un proceso de concertación “muy interesante”. A diferencia de debates anteriores, esta vez el Gobierno ha optado por una estrategia de socialización temprana, con encuentros previos con las bancadas, gremios y expertos. El objetivo, según explicó Ávila, es evitar tensiones innecesarias y construir consensos amplios que faciliten la aprobación del proyecto antes de finalizar el año. “Queremos una reforma que sea entendida, no impuesta”, enfatizó.
En los pasillos del Congreso, el tema genera opiniones divididas. Algunos legisladores destacan la prudencia del Ejecutivo al reducir las metas de recaudo, mientras otros advierten que los ajustes podrían limitar la capacidad de inversión del Estado en 2026. No obstante, hay coincidencia en que la prioridad debe ser la estabilidad fiscal y la protección de los programas sociales.
El Ministerio de Hacienda trabaja a contrarreloj para afinar los detalles del texto final de la reforma. El plan es presentarlo nuevamente ante las comisiones económicas conjuntas en las próximas semanas, con el fin de lograr su aprobación antes de que termine el año legislativo.
La reforma tributaria, explicó Ávila, no buscará introducir nuevos impuestos masivos, sino ajustar las tarifas, fortalecer la fiscalización y cerrar brechas en la evasión y elusión. También se contempla un capítulo especial sobre incentivos a la inversión productiva, especialmente en regiones donde el crecimiento económico se ha visto rezagado. “Más que una reforma recaudatoria, esta será una reforma de eficiencia”, dijo el ministro, convencido de que la confianza y la claridad fiscal son claves para atraer inversión y mantener el ritmo del crecimiento.
A pesar de los recortes y los retos fiscales, el Gobierno insiste en que el nuevo presupuesto garantizará la ejecución de los programas fundamentales y la continuidad del plan de desarrollo en su etapa final. Ávila cerró su intervención con una frase que resume el espíritu de esta nueva etapa: “Este no es un retroceso, es una oportunidad para afinar el rumbo y hacer las cosas con más precisión”.