Dos exgendarmes afrontarán solos la acusación por contrabando de granos
El arranque del juicio oral a cuatro imputados por contrabando de granos, entre ellos dos exgendarmes, tuvo dos situaciones que obligaron su postergación para el próximo miércoles 23 d...
El arranque del juicio oral a cuatro imputados por contrabando de granos, entre ellos dos exgendarmes, tuvo dos situaciones que obligaron su postergación para el próximo miércoles 23 de abril.
Apenas comenzado el debate, la fiscalía, a cargo de Pablo Ricardo Di Loreto, informó al Tribunal Federal que dos de los acusados optaron por abreviar las condenas, Juan Carlos Skavinsky, quien estaba al frente de una cooperativa, y el empresario automotor, Marcelo Rubén Da Silva.
Tras cartón, la defensa de Da Silva, a cargo del abogado Augusto César Leguiza, notificó a los jueces que su defendido sufrió una descompensación camino a Posadas y tuvo que ser internado en una clínica integral de Oberá.
Por ello, el presidente del Tribunal, Manuel Alberto Jesús Moreira, optó por analizar los temas prioritarios, escuchar algunos planteos -los cuales resolvió en el momento- y postergar para la semana que viene el juicio.
Además de Moreira, las máximas autoridades de la sala fueron los camaristas subrogantes Víctor Antonio Alonso (Corrientes) y Juan Manuel Iglesias (Chaco).
De esta manera, para la nueva fecha fijada estarán presentes solamente dos imputados en el banquillo de los acusados, el exjefe del Escuadrón 9 “Oberá” de Gendarmería, Marcos Antonio Duette (53) y el sargento primero Ricardo Fabián Gómez (50). Ambos se encuentran actualmente con prisión domiciliaria.
Los delitos por los cuales están siendo juzgados son “contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad”, también por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en tanto que al exjefe del Escuadrón se le agregó “abuso de autoridad y cohecho pasivo”.
Maniobra evasiva
La presunta banda estaba conformada por doce integrantes, de los cuales uno falleció y ahora nueve acordaron penas en juicio abreviado.
Los encartados que llegan a debate están acusados de haber formado parte de una asociación ilícita, dedicada a concretar el traslado de granos desde Santiago del Estero, Chaco y otras provincias, hacia Misiones, con la finalidad de exportarlas de contrabando por pasos no habilitados hacia Brasil.
De acuerdo a la instrucción del expediente (que se inició en 2021) del juez federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, la red se encargaba de la adquisición y transporte, y traslado a las zonas aledañas de las localidades de El Soberbio, Colonia Alicia o Colonia Aurora, donde las bolsas se acopiaban y en balsas y canoas cruzaban ilegalmente al Brasil a través del río Uruguay. Una vez ingresadas las cargas a suelo misionero, con complicidad de los agentes de Gendarmería, se liberaban las rutas nacional 14 y la provincial 2 (ruta costera) para que los camiones transitaran sin inconvenientes.
ACUSAN. El fiscal Pablo Di Loreto y la auxiliar Gabriela Acasuso junto a las querellantes de ARCA (AFIP), Rossana Sienra y Yamila Amado.
Solicitudes de abreviados
El pasado viernes uno de los implicados en la presunta organización dedicada al contrabando de oleaginosa -a través de Misiones- al Brasil, Juan Carlos Skavinsky, firmó ante la Fiscalía Federal un acuerdo de cuatro años y un mes de prisión, tal como lo informó ayer el fiscal Pablo Di Loreto.
Skavinsky encabezaba una cooperativa de trabajo en el Alto Uruguay, con la que operaban la mayoría de los camiones que transportaban el producto, según surgió en la instrucción.
Por su parte, el empresario dedicado a la venta de automóviles, Marcelo Rubén Da Silva, presentó ayer y mediante su abogado un escrito, donde solicitó una pena en suspenso (que podría ser de tres años y seis meses y que está siendo evaluada por el fiscal de la causa).
También se supo, en breve diálogo con el abogado de Da Silva, el letrado Augusto Leguiza, que el pedido siempre contempla domiciliaria, ya que su defendido ya cumplió prisión efectiva y en su domicilio por más de dos años y seis meses. En ese sentido agregó que el sindicado jefe de la organización, Santiago Marino, abrevió por cuatro años y seis meses de prisión domiciliaria.
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