Caso Axe Ceremonia: Ordenan a Fiscalía CDMX intensificar investigación contra empresas tras muerte de fotoperiodistas
El jueves 16 de octubre se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recibió la instrucción de investigar a fondo a diversas empresas presuntamente vinc...
El jueves 16 de octubre se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recibió la instrucción de investigar a fondo a diversas empresas presuntamente vinculadas con las muertes de los dos fotoperiodistas, ocurridas durante el festival Axe Ceremonia 2025.
La orden judicial surge tras el amparo concedido a familiares de víctimas y colectivos, quienes cuestionaron la transparencia y el avance de las indagatorias abiertas por el fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el evento realizado en el Parque Bicentenario.
Las familias fueron abordadas por los medios de comunicación donde comentaron ante los micrófonos, que la resolución exige reexaminar la posible responsabilidad administrativa, penal y empresarial en el caso.
El Tribunal Colegiado encargado del proceso mandató a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) agotar todas las líneas de investigación relativas a empresas encargadas de servicios dentro del festival, incluida la seguridad, infraestructura y logística. Esto debido a que las familias desde hace varios meses habían solicitado una revisión integral del expediente y el reinicio de actuaciones con perspectiva de derechos humanos.
Ya que uno de los puntos clave en el fallo involucra esclarecer la actuación de la empresa promotora, los representantes del parque y las compañías subcontratadas para evitar que los hechos queden sin responsable. Cabe señalar que durante las últimas semanas el padre de la fotógrafa había compartido la situación del caso a través de videos que fueron difundidos en redes sociales.
En septiembre, incluso señalaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de presuntamente encubrir a las empresas responsables del evento y solicitaron una reunión directa con Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México.
De igual manera los familiares de las víctimas argumentaron omisiones e irregularidades en la integración del expediente de investigación inicial, pues autoridades habrían omitido profundizar en la cadena de mando, la contratación de empresas privadas y el cumplimiento normativo de los organizadores.
Fue entonces que este 16 de octubre, el tribunal remarcó a la FGJCDMX la obligación de convocar a las empresas potencialmente involucradas y recabar testimonios de directivos responsables. Asimismo, instruyó revisar reportes de Protección Civil, contratos, facturas y permisos otorgados tanto por el gobierno local como por las instancias federales con competencias en espectáculos masivos. La investigación tendrá que incluir el análisis de acuerdos comerciales y verificar que se hayan cumplido las regulaciones aplicables durante la realización del festival.
Las familias continúan exigiendo que se garantice una pesquisa imparcial y transparente que contemple la reparación integral para las víctimas.
“Fiscalía, algunos jueces, medios que no quiero citar... la defensa de la otra familia, que siempre estuvo en contra de meter a Ocesa y a Lobo. Me di cuenta que este es un monstruo con varias cabezas, que están manejando en contra de nuestra teoría (...) Es cuando yo me sentí junto con mi familia una víctima más del mismo sistema, cómo se está armando todo, ya no del Ministerio Público, sino de todo un ecosistema y solamente viviendo esto se siente uno frustrado. Gracias al dictamen que dio ayer la juez Morales y la atención de la ministra María del Carmen Sánchez, escuchó nuestras peticiones, hemos hecho una brecha, rasgar el sistema. Todavía falta mucho que resolver”, explica el padre de Berenice Giles en una entrevista que ya circula en redes sociales.
Hasta el momento, ni los organizadores del festival ni las empresas aludidas han emitido un comunicado público sobre la reciente orden judicial. El proceso judicial establece que la fiscalía debe informar periódicamente sobre los avances de la investigación y transparentar los hallazgos ante la autoridad judicial y las familias afectadas.
