Continúa el reclamo de los prestadores de salud y educación contra el ajuste y los bajos salarios en materia de discapacidad. Ayer, profesionales psicopedagogas, fonoaudiólogas y transportistas se manifestaron en el centro de Oberá para rechazar el aumento del 25% cuatrimestral que confirmó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y por el hecho de que las obras sociales continúan pagando con retrasos que, por mucho, superan los tres meses.

Además de eso, denuncian “violencia institucional hacia los prestadores y las familias de parte de las obras sociales; lo que hace que los chicos se queden sin sus prestaciones esenciales para crecer y educarse”. Así lo explicó la psicopedagoga y prestadora de obras sociales de Oberá, Camila Cortínez.

“Queremos que se visibilice la lucha de la discapacidad, que dejen de pisotearse los derechos de los chicos y adultos que tienen algún tipo de discapacidad, sea visible o no, y que se valore la prestación de los trabajadores de salud, educación y transporte”, afirmó la profesional a PRIMERA EDICIÓN.

Si bien el grupo viene realizando distintas movilizaciones, “vemos que la situación está igual o peor al año pasado. Estamos con una importante inflación y a nosotros nos acaban de dar un aumento, que aún no está oficializado, pero que es de un 24,5 por ciento en cuatro tramos; siendo que aún no percibimos honorarios de noviembre y diciembre de los servicios del 2022. Es difícil vivir así. Es una cadena y somos solo un eslabón de la misma; así que, cuando se ve afectado uno, no podemos brindar las terapias. Los chicos y adultos se ven perjudicados”, señaló.

A su vez, todo esto conforma una situación contradictoria ya que, según lo explicaron los manifestantes, en la provincia se habla mucho de la inclusión: “cuando las maestras integradoras, psicopedagogas, psicólogas que brindan ese acompañamiento, ya no podemos seguir, porque los pagos se ven interrumpidos, apelamos a la comunidad. A todos les gusta hablar de la inclusión, pero las personas que trabajan para la misma se cumpla, no son contempladas”

En Posadas: “Contra el aumento de miseria”

Durante la víspera, también hubo movilización de los prestadores precarizados de salud y educación en la capital provincial. A media mañana, llegaron hasta la plaza 9 de Julio y allí manifestaron su malestar por la precaria situación laboral por la que atraviesan desde hace tiempo y en rechazo, principalmente, al magro aumento que comenzarán a percibir y que no cubre la canasta básica.

Jazmín Kinder, delegada provincial de prestadores precarizados en salud y educación, señaló a este Diario que “estamos en contra del aumento de miseria que nos dieron. Venimos de once años de pérdida salarial respecto a la inflación. Somos los profesionales que atendemos a personas con discapacidad, donde por ahí lo más conocidos son la maestra de apoyo a la inclusión o la maestra integradora; pero hay todo un universo de prestaciones como kinesiología, psicología y fonoaudiología, entre otros, que estamos por debajo la línea de la pobreza”.

Agregó que “una (maestra) integradora actualmente está ganando sin el aumento, porque todavía, a pesar de que fue anunciado no fue oficializado, menos de 70.000 pesos. Es decir que, ni haciendo dos turnos, no llegamos a cubrir la canasta básica (que en realidad es una canasta de pobreza), pero es la canasta de febrero”.

La psicopedagoga contó que, además del magro salario que perciben, “lo vamos a cobrar recién en junio, porque nosotros empezamos a trabajar en marzo, facturamos en abril y después recién cobramos a los tres meses todo licuadísimo por la inflación”. Advirtió que “así como están las cosas, no sabemos cómo vamos a llegar a tres meses si las cosas siguen como están, no vamos a poder seguir. Ya estaba sucediendo que cada vez menos colegas y trabajadores están pudiendo tomar casos y pacientes, porque uno tiene que poder darle de comer a sus hijos, pagar los impuestos (porque también todos somos monotributistas), AFIP, rentas… cada vez que una obra social nos paga a través de una transferencia, automáticamente nos descuenta rentas y eso hace que nuestra situación sea insostenible”.

Siguió detallando la dura realidad que enfrentan y dijo que “quienes tienen consultorio, deben afrontar el pago del alquiler, los servicios, los materiales que empleamos; y, la verdad, nos queda muy poco dinero para nosotros. Es realmente insuficiente lo que nos dieron de aumento. Nosotros estábamos pidiendo un 100% porque la inflación del año pasado superó el 100%. Entonces, antes que se oficialice, decidimos salir en todo el país a reclamar”.

Por último, Kinder remarcó que “no estamos reclamando solamente por nuestras condiciones laborales, sino que estamos en defensa de los tratamientos de las personas con discapacidad; porque si no podemos trabajar de esto, deberemos buscar otra cosa, que es lo que está sucediendo lastimosamente. Hay una falta, por ejemplo, de maestras integradoras y las personas con discapacidad son las que se quedan desamparadas”.

Registro provincial de maestras integradoras, un tema pendiente

Los prestadores de salud y educación a la discapacidad reclaman por la precarización laboral que sufren y, en muchos casos, dejan de trabajar con las obras sociales. Eso entra en conflicto con la gran demanda de maestras integradoras que hay en la provincia por parte de los niños que necesitan sí o sí acompañamiento terapéutico/pedagógico para acudir a clases, y que solo pueden pagar este servicio a partir de sus obras sociales.

En ese marco, la Directora del área de Discapacidad de Salud Pública, Miriam Benítez, admitió, en su paso por FM 89.3 Santa María de las Misiones, que hay falta de maestras integradoras y explicó que, si bien aún no hay un registro provincial donde las familias puedan saber dónde buscar una, es un proyecto pendiente entre el área de discapacidad con el sector de educación.

Es así que, mediante un registro, “deberíamos poder que ir al area (del CGE) de docentes primarios y de los NENI y tener un listado de maestros que estén sin cargo, porque es un trabajo privado y tienen que tener monotributo para facturar a las obras sociales”, explicó Benítez.

Es decir, de haber un registro, facilitaría la búsqueda de los padres que necesitan maestras integradoras para que sus hijos puedan acudir a clases. En ese punto recordó que, mediante el trabajo conjunto con el CGE, “conseguimos que casi todas las escuelas públicas tengan un programa de integración, que establece que la directora tiene que conocer si hay un niño con discapacidad y debe permitir que haya una maestra integradora en el aula”, explicó.

 

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